Senado ajustará Ley de Telecomunicaciones para eliminar censura a plataformas digitales; creará Comisión Reguladora
Para entender mejor
Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, aseguró que se creará la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
En ese sentido, precisó que las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, de Comunicaciones y de Estudios Legislativos se encuentran trabajando en una reformulación del dictamen para eliminar el artículo 109 que hace referencia a la censura en plataformas digitales y podrá ser debatido en un periodo extraordinario.
“Será la eliminación de aquel polémico artículo que infundadamente en muchos casos se prestó para tratar de hacer creer que había una intención de censura. Nunca ha habido una intención de censura”, declaró el senador.
En entrevista con medios, Inzunza indicó que será uno de los ajustes “relevantes” de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Añadió que el nuevo órgano desconcentrado tendrá responsabilidades “muy importantes”.
Comentó que, tras concluir los conversatorios sobre la reforma en el Senado, se han llevado a cabo jornadas de análisis para revisar la ley.
“Estamos procesando todas las observaciones que escuchamos en los conversatorios y determinando cuáles van a ser incorporadas al nuevo dictamen”, expresó.
Advierten sobre riesgos para ejercicio de libertades
Activistas, académicos y representantes de empresas de telecomunicaciones advirtieron, en foros organizados por el Senado, los riesgos para el ejercicio de las libertades y la concentración del poder en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones si la iniciativa de ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene como está.
La activista Ana Gaitán Uribe, integrante de la organización R3D, advirtió que la propuesta de que la Agencia de Transformación Digital establezca los lineamientos para un registro personas usuarias de telefonía móvil y la obligación de las empresas a permitir que autoridades lo consulten —como propone la Ley Telecom— no ayuda a combatir la criminalidad, pero sí pone en riesgo la información personal de 112 millones de personas.
Gaitán destacó que se trata de una medida innecesaria y desproporcionada que viola por completo la privacidad conforme estándares internacionales de derechos humanos y tribunales internacionales.
Además de que no va a reducir la actividad criminal ya que cuando entró en vigor el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil durante el sexenio de Felipe Calderón en México aumentó un 40% el delito de extorsión y 8% el delito de secuestro.
“Es muy importante que se haga una modificación de los artículos 159 y 160 en donde se establezca el control judicial previo y se precise quiénes son las autoridades competentes incluyendo en materia de transparencia estadística”, señaló.
Por su parte, Jorge Bravo Torres Coto, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) advirtió que la iniciativa representa un retroceso normativo y amenaza directamente al ecosistema digital del país. Durante su participación, retomó algunos de los 12 puntos que formalmente entregó al Senado.
“Necesitamos una ley que tenga por primera vez una ley que tenga visión de Estado, no una ley de control y censura”, dijo.
En tanto, Priscila Ruiz, de Artículo 19, advirtió que la iniciativa de ley no es constitucional ni responde a la protección de los derechos humanos, principalmente por la extinción del IFT y el inicio de un régimen de control bajo el argumento de seguridad nacional y soberanía en infraestructura digital.
La activista criticó una asignación discrecional en las concesiones, en la que no se especifican mecanismos para facilitar la exclusión de medios críticos o comunitarios.
Ruiz agregó que, de acuerdo con los estándares de libertad de expresión promovidos por la CIDH, es necesario contar con un órgano independiente y autónomo y no dependiente del Poder Ejecutivo como lo es la Agencia.
Iniciativa de Sheinbaum en telecomunicaciones
La iniciativa de la Ley de Telecomunicaciones que fue aprobada en comisiones del Senado plantea que el gobierno federal pueda bloquear el uso de plataformas digitales y que una agencia del propio gobierno establecerá los lineamientos para este proceso, lo que pone en peligro la libertad de expresión y representa un riesgo de censura, advierten especialistas.
Te podría interesar: Abordan acceso al espectro radioeléctrico en foro de telecomunicaciones; organizaciones cuestionan alcances de la Agencia Digital
Para ello, se entiende como plataforma digital cualquier servicio digital que permita ofrecer, proveer, comercializar o intermediar bienes o servicios, aplicaciones, productos o contenidos. Es decir, prácticamente cualquier sitio de internet, según explicó Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
“En ningún momento estamos planteando la censura, pues si estamos en contra de la censura. Entonces, hay una redacción ahí que tiene que ver con plataformas digitales. En todo caso, hay que corregir la propia redacción”, dijo en su conferencia del jueves 24 de abril.
